Tras un período de intenso trabajo técnico en conjunto con distintos sectores políticos y representantes de la sociedad civil, que incluyó un proceso de consulta pública, se publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley de "Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana", a un año de su sanción.

La Ley 27.453 fue aprobada en octubre de 2018 por unanimidad en ambas cámaras. Entre otras cosas, la norma declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles comprendidos en el registro nacional de barrios populares (RENABAP) y suspendió los desalojos en los barrios por cuatro años.

Además, estableció la creación del Programa de Integración Socio-Urbana (PISU) en el ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y de un Fideicomiso para su financiamiento. El programa, formalizado por la Secretaría de Integración Socio urbana mediante una norma complementaria, supone profundas innovaciones respecto de experiencias anteriores en materia de desarrollo de barrios informales. El Fideicomiso, por su parte, es el primer vehículo financiero de su tipo en el país, buscando dar escalabilidad a la política con fondeo híbrido. 

Sebastián Welisiejko, Secretario de Estado a cargo del área de implementación del PISU aseguró: "El camino recorrido desde 2016 a partir del relevamiento de barrios populares, la sanción de la ley y su reglamentación, y el lanzamiento del PISU y del fideicomiso sientan las bases para que la integración socio-urbana sea verdadera política de Estado en la Argentina; para comenzar a saldar la deuda histórica que gobiernos de todos los signos políticos, tanto a nivel nacional, provincial y municipal tienen con los más de 4 millones de vecinos de los barrios populares del país. No avanzar en este sentido, supondrá costos inmensos que nuestra sociedad no puede ni debe afrontar."