04-11-2011

Otro paso más para destituir al juez de Cámara Julio Casanello

Con casi la totalidad del Cuerpo en el recinto, se declararó de Interés Público las actividades a realizar por la Comisión por la destitución de Julio Cassanello, actual camarista en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes, quien presidió el ejecutivo comunal entre 1979 y 1982, en tiempos de la Dictadura Militar.
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“Teníamos esta deuda pendiente, existió un pedido formal en un proyecto en que la Comisión que está trabajando en este sentido, nos solicitaba a través de la reformulación de ese expediente declarar de interés público las actividades de la misma por la destitución de Julio Cassanello y obviamente el Concejo por unanimidad se expidió para que así fuera”, y agregó: “además de reconocer el trabajo que vienen realizando en función de lo que significan personajes que nos ha dejado la dictadura militar, hoy en las sucesivas alocuciones de los concejales hubo absoluta unanimidad, con una descripción precisa y exacta de los sentimientos de cada uno, en este caso de los quilmeños”, afirmó.

En este contexto, la Asociación Judicial Bonaerense local, se mostró satisfecha con el paso dado por el Concejo Deliberante. Leandro Prieto, secretario general de la entidad afirmó: “creo que fue una sesión histórica, muy emotiva por la experiencia que contaban varios concejales, a todos se nos llenaron los ojos de lágrimas,  la actitud de hoy del Concejo lo enaltece”.

“Es algo distinto a partir de esta sesión, fueron unánimes en cuanto a la figura de Cassanello, empezamos a transitar un camino distinto, vamos hacia el Jury de enjuiciamiento, se han mostrado predispuestos a mostrarnos toda la documentación y todos los caminos necesarios para hallar las pruebas para formar el Jury y en esto supera no sólo a la Comisión, sino a Quilmes, a nivel provincial y  nacional, es un hecho histórico  Son pocos los colaboradores civiles que han sido juzgados y Cassanello va a ser el primero o el segundo en la provincia de Buenos Aires”.

En referencia a los plazos para la realización del juicio a Cassanello, dijo,”tenemos que llegar a la documentación que nos está faltando, que es poca, fundamentalmente lo que tenemos hasta hoy es la cuestión del cementerio que estaba a cargo de Cassanello donde se encontraron 110 cadáveres NN de entre el 1° de octubre de 1979 y 1982, estaba bajo la custodia de Cassanello, entonces él tendrá que deslindar responsabilidades o tendrá que decir cómo fue que no se enteró lo que sucedía dentro del cementerio, máxime teniendo en cuenta que él no cambió al director del cementerio, que fue el mismo de gestiones anteriores. Va a tener que explicar si el cementerio era una zona liberada para el municipio de Quilmes en ese momento”.

Por su parte Mariano Massaro, secretario de organización del gremio, sostuv:,“nosotros estamos trabajando en el Jury, en la recolección de la prueba documental, ya tenemos pruebas con independencia de la que obtengamos respecto del cementerio, la cual queda absolutamente claro, porque fue pública la información de que Cassanello tenía conocimiento fehaciente de hechos concretos sobre el genocidio que se estaba produciendo por cuanto es imposible negarlo, lo ha dicho, lo ha sostenido en diferentes entrevistas, nosotros tenemos el material que respalda eso, respecto del tiempo concreto del Jury, tiene que ver  con dos procesos, uno terminar de juntar la prueba y el otro empezar a visualizar ya por fuera de Quilmes, ya en un territorio más amplio esto y una vez que el tema esté instalado, avanzaremos con la presentación normal del Jury”.

“Reiteramos, no queremos que se jubile, no queremos que se vaya  a la casa, queremos que la justicia sea quien determine el grado de culpabilidad que tiene respecto de todo lo acaecido”, concluyó.

Cabe señalar que varios ediles, una vez finalizada la sesión, se reunieron con representantes de los distintos organismos uno de ellos el que encabeza  Lila Mannuwal, subsecretaria de DD.HH de Quilmes; la AJBQ, Leandro Prieto; Gonzalo Cianis y Mariano Massaro; Jorge Márquez de la Defensoría del Pueblo; Lidia Braseras de SUTEBA y representantes de ATE, entre otros.