29-10-2020

Diputados le dio media sanción al proyecto de Alcaidias

Tal como se esperaba, tras una negociación política se logró introducir el tratamiento sobre tablas del proyecto que expropia inmuebles para construir nuevas cárceles en el conurbano. El Gobierno bonaerense remitió, el pasado martes, a la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley que expropia 7 inmuebles que serán destinado para la construcción de nuevas cárceles, en rigor unidades o alcaidías penitenciarias.

Los inmuebles que serán declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación se encuentran ubicados en cinco distritos del conurbano; dos en cada uno de los distritos de Quilmes y Moreno, y uno en Merlo, La Matanza y Tigre.

Para los impulsores del proyecto de ley, en el marco de la actual emergencia en que se encuentra la provincia, “sobresale la crisis en materia de infraestructura penitenciaria”, en razón de la sobrepoblación existente en los establecimientos destinados al alojamiento de personas privadas de su libertad.

Si bien no se especifica cuáles serán las obras que finalmente se realizan en los inmuebles expropiados, sí se detalla que el Estado provincial tendrá diez años para la construcción de las nuevas cárceles, sea bajo la modalidad de Unidades o Alcaidías penitenciarias y departamentales, dispuestas en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria.

El proyecto, casi desconocido por “la gente en general” tiene, no obstante, cierta resistencia en algunos casos, tal como es la situación en  Quilmes donde vecinos y dirigentes de Juntos por el Cambio se venían organizando para impedir que se lleve adelante el proyecto en el distrito.

Pero llamativamente, el diputado de ese sector político y vecino de Quilmes, Guillermo Sánchez Sterli (FOTO), que el sábado pasado se mostró muy activo en una marcha de oposición al proyecto, permitió que se habilite el tratamiento junto a sus compañeros de bloque. A la hora de votar, se expresó en contra.

Por su parte, el diputado de Cambio Federal, y también vecino de Quilmes, Fernando Pérez, criticó a Sanchez Sterli por haber sido parte de la posibilidad de tratar el proyecto sobre tablas. Pérez rechazó el proyecto y votó de manera negativa.



En tanto, el gobierno argumenta que la necesidad surge de que entre los años 2016 y 2019 se produjo un “incremento extraordinario” en el número de personas privadas de la libertad.

Según la estadística brindada, en 2016 los encarcelados eran 35.000 personas, con una tasa de prisionalización de 240 por 100 mil habitantes; llegando a 308 a fines de 2019 totalizando una población carcelaria de 49 mil personas.

Fue esta situación la que elevó sensiblemente los niveles de hacinamiento y agudizó el deterioro del sistema, tal como se consigna en los fundamentos de la iniciativa que será evaluada por los integrantes de la Cámara de Diputados.

Así, se concluye que en tales condiciones “el Estado provincial se encuentra imposibilitado de cumplir con los umbrales mínimos que, en materia de tratamiento de personas detenidas, se comprometió a cumplir ante la comunidad internacional”.

La decisión de hacer nuevas cárceles en el AMBA responde a que casi el 70 % de las personas encarceladas provienen de esa región y la misma solo tiene capacidad para alojar a menos del 40 %, pues ese es el porcentaje de plazas disponible en la región sobre el total de la provincia.

Para los funcionarios de Ministerio de Justicia la construcción de nuevas cárceles, próximas a “los vínculos familiares o afectivos resultan fundamentales para evitar la desintegración de los lazos familiares o sociales, y de ninguna manera el encarcelamiento puede cercenar ese derecho”.