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23-04-2012

Las claves del conflicto de los judiciales

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Los judiciales reclaman la Ley Porcentual.

Lo que comenzó siendo una disputa de índole económico, se ha convertido en un conflicto netamente político entre los trabajadores judiciales y el gobierno provincial. Desde el ministerio de economía se han efectuado dos ofertas salariales, ambas rechazadas por los trabajadores, sin embargo la última oferta representa una masa salarial, es decir, un monto total de dinero destinado a los salarios, similar a la reclamada por los trabajadores para la primera parte de la reinstalación de su bandera histórica, la Ley Porcentual. He aquí el punto nodal del conflicto, sin lo cual se torna imposible comprender el conflicto.

Esta ley, que rigió desde 1964, y que fue derogada por los diversos gobiernos dictatoriales y repuesta por los democráticos, tuvo su último capítulo cuando fue derogada por el ex gobernador Rukauff, implica la efectiva distribución de la riqueza al interior del Poder Judicial. En otras palabras, aseguraba que la relación entre los salarios del ingresante al Poder Judicial y los ministros de la Suprema Corte guarden una relación de 5 a 1. Al derogarse la ley, llegamos en la situación actual, donde existe una relación de 32 a 1.

El conflicto en la justicia se encuentra empantanado, pese al intento de Scioli de darle un cierre unilateral a través de un decreto que otorga un aumento. Lo que se reclama desde la Asociación Judicial Bonaerense es que el dinero que el ejecutivo esta dispuesto a otorgar se distribuya de acuerdo a los criterios que surgen de la Ley Porcentual, asegurando así que la mayor cantidad de dinero se destine a los trabajadores, y no a los ministros de la Corte. Aceptar el aumento concedido por Scioli, implica legitimar un aumento salarial para los ministros de la Corte del orden de $10.000, mientras que un ingresante tendría una recuperación salarial de $500, puesto que los Jueces del Alto Tribunal tienen sueldos que oscilan en los $60.000.
 
Este escenario requiere indefectiblemente de la voluntad política del ejecutivo, no existe forma alternativa para destrabar el conflicto. En ese contexto me he entrevistado en dos ocasiones con el ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Ricardo Casal, quien me manifestó que la voluntad política respecto de la Ley Porcentual existía, dejando a resguardo que la cuestión económica trababa las negociaciones. En primer lugar, los trabajadores no reclamamos más dinero, por consiguiente, la viabilidad económica esta resuelta; respecto de la voluntad política, lo expresado por Casal muestra la hipocresía de su discurso.
El centro del debate en el conflicto judicial esta vinculado a la distribución de la riqueza, de cómo se distribuye los recursos económicos al interior del Poder Judicial.
 
El gobernador Scioli ha suscripto públicamente la bandera de la distribución de la riqueza, buscando acoplarse a los lineamientos de la política nacional. La incongruencia del gobernador entre discurso y acción queda en evidencia, cuando frente a sus empleados directos, los estatales en general y los judiciales en particular, no suscribe políticas salariales que involucren distribución alguna.
El planteo de los trabajadores judiciales tiene rango constitucional, puesto que la Carta Magna explícitamente sostiene que a igual tareas se corresponde igual remuneración, y es este concepto el que no rige. Al día de hoy, un trabajador de la justicia nacional duplica el salario de un trabajador judicial en la provincia de Buenos Aires, $5.200 y $2.700 respectivamente.
 
En otro orden de cosas, resulta contradictorio que desde la gobernación se intente mostrar la pelea contra la inseguridad como una política del estado provincial, mientras que las partidas presupuestarias totales para el Poder Judicial, léase salarios, infraestructura, etc, se han reducido de 4,55 puntos del presupuesto en 2009 a 4,32 en 2012, siendo en términos proporcionales el más bajo de todas las provincias.
La última pata del conflicto radica en el máximo Tribunal provincial, puesto que, como cabeza de uno de los tres poderes, debiera manejar su propio presupuesto, cuestión que no sucede. La autarquía financiera del Poder Judicial parece no ser una prioridad para los misma jueces, dificultando reafirmar su independencia intra poderes. Quien no maneja su propio presupuesto necesariamente pierde un margen de libertad, poniendo en juego la división republicana de poderes. 
 
 
* El Dr. Mariano Massaro es el secretario de Organización de la Asociación Judicial de Quilmes.

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