08-06-2012
PAMI desmiente cambios en la atención de afiliados

Ante versiones que indican que PAMI “dejó sin cobertura de la obra social a personas con discapacidad”, el Instituto emitió un comunicado para aclarar la situación. Fue luego de una pùblicación que el diario Clarin realizó este viernes. El cumunicado señala "que lo existente es la denuncia por parte del organismo de una serie de instrumentos que lo vinculan con el Ministerio de Salud de la Nación, aunque esto no implica la rescisión de los convenios, sino que representa el paso previo a todas las acciones administrativas o judiciales que se deben encarar en estos casos".
"PAMI tomó esta determinación a partir de que, a pesar de los compromisos asumidos, la cartera de Salud –que en virtud del decreto N° 1606/02 tiene a cargo la gestión de las prestaciones previamente en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente- ha ido generando un atraso importante en el giro de los fondos correspondientes para el pago de las prestaciones que se brindan por su cuenta y orden a los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez y sus grupos familiares y excombatientes de Malvinas y sus grupos familiares", continúa el comunicado.
"La Ley 19.032 asigna a la Dirección Ejecutiva de PAMI la función de velar por la administración de los fondos y bienes del Instituto, conforme a las necesidades de las prestaciones, y a formular y diseñar las políticas globales en materia sanitaria y social, garantizando la equidad en la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos en todo el territorio nacional".
"Es en defensa de esta atribución que resulta de vital importancia disponer de todos los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo allí establecido y que, en tal sentido, habiendo agotado todas las instancias de diálogo posible con el Ministerio de Salud, PAMI dispuso denunciar los contratos citados por incumplimiento".
"Como se afirmó anteriormente, esto no implica la inmediata rescisión de los acuerdos, sino que representa el paso previo a todas las acciones administrativas y judiciales que el Instituto está obligado a impulsar en virtud de los reiterados incumplimientos por parte del Ministerio de Salud".
"Lo que debe quedar claro también es que se deberá mantener por parte de los prestadores la operatoria actual hasta la notificación de un nuevo convenio o de la decisión judicial que en definitiva recaiga para el caso de no arribarse a un acuerdo con dicha cartera".
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